El Consenso de Washington, es el centro de referencia de todas las directrices políticas para los países de América Latina: las políticas macroeconómicas centradas en el ajuste fiscal, la disminución del tamaño y papel del Estado, la desregulación de los mercados las cuales se materializan en el área de la salud, y más concretamente para Colombia, en el llamado Modelo Plural Estructurado (BID)1996, y los criterios de Protección Social desarrollados por el Banco Mundial, 2000. Lo anterior para aclarar que el modelo de Aseguramiento y la transformación del Ministerio de Salud en Ministerio de la Protección Social responden a directrices políticas foráneas de estricto cumplimiento y no a invenciones autóctonas.
Según los ideólogos del modelo de Aseguramiento, la reforma era una necesidad ya que había que introducir correctivos a las grandes deficiencias del viejo Sistema Nacional de Salud.
Con la aprobación de la Ley 100 de 1993 la que estableció el SGSSS, estructurando el modelo de aseguramiento, plural estructurado, regulado o administrado, modelo perverso, ya que en su racionalidad, intentaba resolver el dilema existente entre equidad y eficiencia, priorizando sobre la eficiencia para alcanzar mayor equidad, pero entregándole los recursos de lo público al sector privado porque en su lógica los mercados tienden a ser más eficientes, pero cuando existe libre elección del consumidor de servicios, hecho que no ha estado presente en la dinámica de la demanda actual.
La salud un derecho se convirtió en un bien mercadeable regido por las leyes del mercado del dolor y supeditada a los vaivenes de la oferta y la demanda.
La salud es un bien o activo inalienable, un bien especial que hace que la salud no sea un bien como cualquier otro, que pueda comprarse o venderse con respecto a su poseedor. A la salud no se le pueden aplicar las nociones convencionales que rigen la compra y venta de bienes en el mercado. El derecho a la salud no se ha venido respetando y una tutela cada tres horas por negación de servicios incluidos en el POS es una vergüenza internacional.
La calidad de la atención ha presentado un deterioro progresivo con el transcurrir de los años, razón por la cual se dice que “pretender calidad en el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, es casi que pretender alcanzar desarrollo humano, económico y social, a partir de brindarle solamente educación primaria a toda la población colombiana”. Solo, por mencionar un caso, el 40% de los enfermos con cáncer reciben un tratamiento adecuado y en el año dejan de recibir dos meses de tratamiento. Lo anterior, en el lenguaje de la intermediación es denominado “racionalidad en el gasto”, en otros escenarios, a esto se le llama intento de homicidio.
El constreñimiento acto médico (léase de los profesionales de la salud) incide en la calidad de la atención en salud prestada por la posición hipertrófica sobre el control del gasto para aumentar la rentabilidad económica. Es la lógica de cualquier mercado de productos, bienes o servicios en el que se sacrifica el beneficio social y se deteriora la calidad poniéndose en riesgo al paciente, induciéndose una mayor morbilidad, mayor mortalidad y mayor incapacidad. La desprofesionalización se incrementa y la pérdida de la dignidad laboral y profesional está llegando a situaciones insostenibles.
La atención en salud no está en concordancia con los dictámenes de la racionalidad técnico científica del profesional y quien quiera imponerla viola norma al interior de las EPS y se le acaba el contrato.
La Revista Dinero ha venido informando periódicamente sobre los rendimientos de capital y las utilidades obtenidas por la intermediación en salud, y cómo cada día, consolidan su patrimonio y compiten por los primeros lugares en el escalafón de las 300 empresas más grandes, importantes y rentables del país.
Las Empresas Promotoras de Salud, tanto administradoras del régimen contributivo como del subsidiado, han tornado oneroso el sistema, no aportan ningún valor agregado que las justifique y además han llevado a crisis financiera a los prestadores públicos y privados, quienes con los proveedores de insumos hospitalarios han venido subsidiando la atención de sus afiliados.
No hay anticipo en los contratos, los servicios se venden a crédito y se prestan como si fueran pagados de contado, hay que demostrar hasta la saciedad que los servicios fueron prestados y el cobro a la mora por el no pago en los términos, no se hace efectivo.
La red pública de prestadores de servicios de atención en salud, patrimonio de todos los colombianos, que ha venido siendo construida y consolidada desde el año de 1.729 está en riesgo de desaparecer “No hay duda que la reforma ha abierto espacio para la privatización de los servicios de salud...”. Hoy la cartera en Cuentas por Cobrar de los hospitales y clínicas por servicios de atención en salud prestados a corte 31 de Diciembre de 2005, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, estaba en 1.2 billón de pesos. Un Estado, con un Sistema y Modelo típicamente curativos, que pasan de agache frente a situación tan grave como la que viven los hospitales de la red publica, demuestra ilegitimidad política y carencia de capacidad política pública. La plata para salud, llega a cuenta gotas a las clínicas y hospitales (IPSs), cuando ya con antelación ha llenado a chorro los bolsillos de particulares.
La violación al principio de libre elección del usuario, paciente o demandante de servicios de atención en salud tanto para escoger o seleccionar al administrador (EPS), como al prestador (IPS), ha sido pisoteado en grado sumo. Hoy es frecuente encontrar la “compra-venta de afiliados” como cualquier “trata de blanca” o “venta de esclavos” sin que ningún organismo oficial o de defensa de los derechos humanos haya terciado en el asunto como el caso de la compra de Cafesalud y Cruz Blanca por Saludcoop.
La selección adversa, también está presente en todas las actividades de las administradoras del régimen subsidiado, del total encuestado sólo afilian una parte, la otra es excluida por que las coomorbilidades las hace costosa y por lo tanto no son rentables. Otros males perversos identificados son la integración vertical y el traslado del riesgo de los aseguradores a los prestadores.
La Superintendencia Nacional de Salud es un organismo débil, carente de recursos y de instrumentos adecuados para el cumplimiento de su delicada labor. El hecho de depender del Ministerio de la Protección de Salud, por adscripción, le resta independencia y autonomía.
Vista así las cosas, los motivos subyacentes de la reforma no eran la universalización de la cobertura, la calidad de la atención, la eficiencia y la eficacia, sino el de asegurarle al capitalismo financiero el manejo de los recursos de lo público para salud.
La palabra médico significa en lengua sánscrita “pactar con el que sufre”. Los profesionales de la salud, y dentro de ellos los médicos, no solo hemos venido participando en la resolución de los males de nuestros pacientes sino que también hemos sufrido en carne propia la perversidad de este modelo.
Después de 13 años de promulgada la Ley 100/93, el panorama es sombrío y el pronóstico sigue siendo reservado, ya que las causas que la originaron, no sólo persisten, sino que se han agravado, y han surgido otras, que han agudizado aún más la actual crisis del sector.
El impacto que la gran inyección de recursos ha causado sobre el perfil epidemiológico del país es nulo. Las cifras efectivas de cobertura dejan mucho que desear. Los indicadores de interés en salud pública son negativos. Las enfermedades emergentes y reemergentes cabalgan sobre la población colombiana como los caballos del Apocalipsis.”En salud pública se han perdido 15 años, estamos iguales o peores a 1990, como lo demostró la Dra. Gloria Molina M., PhD Health Services Management, de la Facultad Nacional de Salud Pública en su estudio de seguimiento de indicadores de salud durante los últimos quince años, presentado en el citado Foro Nacional “Así Vamos en Salud” el pasado 28 de septiembre.
En indicadores tan sensibles al tema social como los de salud sexual y reproductiva se reafirma lo dicho: la tasa de fecundidad en adolescentes (15 a 19 años) en 1990 era de 65 por 1000 nacimientos; en el año 2005 fue de 85 por 1000 nacimientos.
La proporción de adolescentes que alguna vez ha estado embarazada en 1990 era del 40%; en tanto que para el 2005, ascendió al 58%.
La razón de Mortalidad Materna, tanto en el año de 1985, como en el 2002, se mantiene en 80 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, con picos alarmantes como el del año 2000 que llegó a 107 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, lo que obligó a un “Plan de Choque”. Afirma la Dra. Molina “Los niveles de muertes evitables relacionados con la maternidad en el país no se corresponden con el desarrollo que hemos alcanzado en otros ámbitos. Pese a los avances demostrados en otros indicadores de Salud Sexual y Reproductiva y a los ingentes esfuerzos realizados pareciera que no hemos dado en el blanco”.
En lo que sí hemos mejorado progresivamente desde 1950 es en la disminución de la mortalidad infantil en Colombia, al pasar de 123 muertes por 100.000 nacidos vivos en ese año, a 19 en el 2005. No obstante, en los últimos cinco años, solamente hemos disminuido dos puntos (21 en el 2000, 19 en el 2005), con marcadas diferencias regionales.
En cobertura de vacunaciones, en 1994, teníamos el 86% y en algunas ciudades superábamos el 95%. En el 2005, el promedio nacional escasamente supera el 82%, porcentaje ineficaz que no permite el “efecto rebaño”. También hay marcadas diferencias regionales, entidades territoriales como Vaupés, Vichada y Cauca, no alcanzan siquiera el 60%.
La incidencia de Tuberculosis total (pulmonar y extra pulmonar) es la misma en el año 2003 que en 1994: 25 casos nuevos. En Malaria estamos igual que hace 13 años“.
Pretender tapar o desconocer la realidad en salud que vivimos, derrochando recursos económicos al pagar avisos publicitarios plagados de estadísticas mentirosas y acomodaticias, es testarudez. Parafraseando a Mark Twain podemos decirle que hay tres clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira y las estadísticas mentirosas del Minprotecciòn Social. El señor Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt es un mentiroso. Su Ministerio, no es de la salud, sino de la enfermedad.
Un Sistema de Salud es eficaz cuando se obtienen los resultados esperados, eficientes cuando hay empleo adecuado o racional de los recursos y adaptables cuando responden a necesidades cambiantes. Un Sistema debe contener todos estos aspectos.
Si un Modelo de Atención en Salud y un Sistema de Salud no llenan las expectativas y sus resultados al ser evaluados no son satisfactorios, éste debe reformarse. Eso es lo que esperamos los colombianos frente al actual Sistema General de Seguridad Social en Salud y Modelo de Aseguramiento.
“Nosotros tenemos que defender el aseguramiento” ha dicho una y mil veces el Presidente Uribe Vélez dando a entender en forma clara que no es interés de este gobierno someter a escrutinio público crítico el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino antes por el contrario, el de profundizar su aplicabilidad.
La mal llamada “reforma” de la semana pasada es solo un mero ajuste a la norma, no se introduce aspecto alguno que incida en su naturaleza, en su esencia, se conserva la perversidad del modelo y las fallas estructurales de la Ley 100 lo que acarreara mas efectos negativos y perversos que los evidenciados en estos 13 años de aplicación. Seria ingenuidad esperar una posición proclive hacia una reforma de la Ley 100/93, por parte de un legislativo apéndice del ejecutivo.
La aprobada Ley sobre el Talento Humano en salud esta en concordancia con el anterior ajuste, y el fin buscado es afianzar el modelo de aseguramiento y adecuar la formación, la practica y la laboriosidad del Recurso Humano en salud con quienes realmente se han beneficiado.
La Ley Marco para el RRHH no responde a las necesidades en salud de los colombianos, no resuelve la desmesurada sobre oferta educativa, no toca la tercerizaciòn en la contratación, no favorece la capacitación profesional, no blinda el acto medico, no mejora los escenarios de practica como para mencionar unos pocos.
Promover un proyecto de Ley que en la practica lo que buscaba era establecer una herramienta legal para generar mayor desprofesionalización, mas pauperización y adaptar el RRHH al Tratado de Libre Comercio, diciendo que “ el proyecto de ley 024 rescata los valores fundamentales del profesionalismo, ética, conocimiento científico, autonomía, autorregulación, humanismo, equidad y eficiencia de los profesionales de la salud de Colombia” como lo afirmado por el presidente del Colegio Medico Colombiano, es estar del lado del establecimiento.
Los Sistema de Salud modernos no se limitan solo al conjunto de instituciones que prestan servicios de atención en salud, sino que también involucran un grupo diversificado de organizaciones que producen los insumos necesarios para lograr dichos servicios. Es esta la razón fundamental por la cual no podemos excluir dentro de todo paquete reivindicativo de reforma los aspectos laborales y profesionales que atañen a los profesionales de la salud puesto que estos están concatenados, hacen parte del todo, son causa-efecto del Sistema y del Modelo de Aseguramiento.
En la práctica, esta responsabilidad de prestar servicios, recae en los profesionales formados en las distintas disciplinas del pensamiento en salud, y hoy el recurso humano del sector ha venido sufriendo un proceso paulatino y creciente de pérdida de la dignidad profesional.
Hemos escuchado que de introducir aspectos que reivindiquen laboral y profesionalmente a los trabajadores del sector en un proyecto de reforma de la salud, técnicamente constituye una violación a la unidad de materia que debe tener cualquier propuesta, situación que de ser detectada, conllevaría a su eliminación y no aprobación por vicio de inclusión. Una racionalidad que exprese que no hay unidad de materia entre este aspecto es un sofisma de distracción para no asumir compromiso con los intereses del gremio, es negar la existencia del daño recibido y olímpicamente es “sacarle el cuerpo” a una responsabilidad para con nosotros mismos que de ser reivindicada va a redundar en beneficio de la calidad de la atención.
Un principio aceptado a nivel universal es que los distintos sectores de la sociedad o de la producción de bienes o servicios se movilizan alrededor de sus propios intereses y de sus reivindicaciones, y estas, estarán dirigidas a lograr las no reconocidas, o restablecer las negadas o desconocidas, y si el recurso humano dentro del modelo de aseguramiento ha venido sufriendo desmejora y atropello en los factores prestacionales y profesionales, es correcto y hay unidad de materia para hacer parte constitutiva de cualquier proyecto de ley que pretenda reformar la actual legislación para el sector salud.
Es correcto, es una necesidad y una responsabilidad de las organizaciones gremiales, sindicales, sociales y políticas de los trabajadores del sector, de los reparadores de la salud, lograr que estos aspectos hagan parte del debate y desarrollar los contactos necesarios y los mecanismos de lobby para que nuestro gremio sea blindado con decisiones políticas que consulten los intereses de los profesionales de la salud.
Tenemos una población de aproximadamente 57.000 médicos (2004), de los cuales el 72% corresponde a médicos generales y unos 170 profesionales de la salud no médicos, un 47% de ellos laboran a destajo sin contrato de trabajo, 65% sin protección en riesgos profesionales, 66% sin seguridad social y un desempleo que en algunas profesiones llega hasta el 40%. En otras latitudes esta situaciòn hubiese generado una intervención a favor de los profesionales de la salud, en nuestro país en cambio, se generan políticas para profundizar el statu quo.
Estamos por la creación del Consejo Nacional de las Profesiones de la Salud, organismo este que tendrá la responsabilidad de concertar con el hoy gaseoso ministerio de la protección social y el ministerio de hacienda:
- Un sistema único de vinculación laboral y de nivelación salarial, e igualmente definir los incentivos para los trabajadores del sector.
- Definir unos ponderables para aquellos trabajadores de la salud que laboren en zonas especiales por razones de orden público, de población dispersa y en condiciones de riesgo epidemiológico.
-También asumirá la responsabilidad de concertación con el ministerio de educación y el ICFES lo concerniente a las necesidades de recurso humano para el sector. En el año 1.980 contábamos con 21 facultades de medicina hoy existen 52 programas.
Como ustedes han podido observar el enfoque utilizado es de análisis reflexivo sobre el futuro, el futuro es incierto y somos nosotros los que seleccionamos y creamos los principales aspectos del futuro con base en lo que hoy hagamos o dejemos de hacer. Por lo tanto, estos deseos, solamente pueden llegar a ser realidad, si asumimos una posición conciente y consecuente formando unidad y consolidando organización, para entonces si, poder enterrar de una vez por todas, la más nefasta política en salud presente en toda la historia política del país.
UN SISTEMA Y MODELO DE ATENCION EN SALUD DIFERENTE PUEDE SER POSIBLE PARA LOS COLOMBIANOS POR FUERA DE LA CONCEPCION NEOLIBERAL.
NO QUEDA OTRA ALTERNATIVA, POR DIGNIDAD, LA LEY 100, CAMBIÉMOSLA.
VIVA EL COLEGIO NACIONAL DE MEDICOS GENERALES DE COLOMBIA.
Bogotà,D.C., Diciembre 12 DE 2006